Se trata de un militar retirado, con un papel clave en el incidente del asesinato del activista de izquierdas.
Según fuentes policiales, por los registros de las llamadas telefónicas se comprobó que el militar comunicó con el autor del crimen, Yorgos Rupakiás, 12 minutos antes y tres minutos después del asesinato.
Al mismo tiempo, la Fiscalía del Areópago -la Corte Suprema de Justicia- ha remitido al Parlamento los expedientes de los diputados acusados de Aurora Dorada, con el fin de iniciar los procedimientos de esclarecer otros delitos, como la posesión ilegal de armas. Para este tipo de delitos se requiere el levantamiento de la condición de asilo parlamentario.